miércoles 26 junio, 2019
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La política en Tribunales: hay 39 causas judiciales que vinculan a dirigentes políticos y empresarios entrerrianos

La provincia de Entre Ríos tiene casi 40 causas que vinculan a dirigentes políticos tanto en el fuero provincial como el Federal. Se trata de causas que están en trámite con distintos grados de avance en la investigación. En ese marco, el político que más expedientes tiene en su contra es el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, quien cuenta con ocho causas que lo tienen en la mira. Además, hay varios presidentes municipales investigados por la comisión de distinto tipos de delitos: Sergio Varisco tiene tres causas en su contra, mientras que Cristian Treppo (Seguí) está sometido a dos procesos judiciales y el listado se completa con exintendentes de distintas localidades. También el Poder Legislativo tiene representantes bajo la lupa de la Justicia: Pedro Báez, José Ángel Allende y Ricardo Troncoso, entre otros. Las campañas políticas tienen su investigación, tal es el caso de Enrique Susevich como responsable financiero de la campaña de Cambiemos 2015 y el presunto desvío de fondos. No escapan al relevamiento los empresarios, pata necesaria de los delitos de corrupción y la cartelización de la obra pública.

«El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace (…) el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales», advirtió Bertolt Brecht. Las distintas modalidades de la corrupción han encontrado ciertos límites en el Poder Judicial, aunque las causas no siempre avancen con el ritmo esperado y a pesar de que parte de la caracterización que hizo el poeta alemán no es tan tenida en cuenta en la actualidad.

El programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) realizó un relevamiento en el cual se mostró un extenso listado de causas judiciales abiertas contra dirigentes políticos. El mismo no deja de ser un dato estimativo, debido a la inexistencia de un registro específico oficial que exponga la totalidad de las causas y todo quedó sujeto a la tarea periodística y la colaboración de algunos actores del Poder Judicial. Allí se pudo determinar que existen en trámite alrededor de 39 causas que tienen a políticos y/o funcionarios en la mira. Algunas de ellas tienen un importante grado de avance pero otras duermen el sueño de lo (in) justo.

Sergio Daniel Urribarri es el dirigente con más causas en la Justicia. Sobre el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados recaen ocho causas aunque existen investigaciones que vinculan a su entorno a pesar de que su nombre no aparece en los expedientes. Ejemplo de esto último es la causa contratos truchos de la legislatura, en la cual aparecen como presuntos máximos responsables (al menos en esta investigación) Juan Pablo Aguilera (cuñado) y Alejandro Almada (cuñado de JPA).

La lista de causas contra Urribarri está encabezada por la única causa que tiene fecha de juicio oral y público: la conocida causa de la vaca, que investiga negociaciones incompatibles en base a lo que presuntamente fue el direccionamiento de publicidad oficial a empresas de Aguilera (Tep SRL y Next SRL) en la cual también está involucrado el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez. El inicio del juicio está programado para el próximo 29 de julio y será la primera vez que Urribarri deba sentarse en el banquillo de los acusados en una instancia oral y pública. La fiscal Patricia Yedro adelantó que pedirá ocho años de prisión para los tres principales acusados. En este expediente ya hay un condenado, el empresario Jesús José María Bustamante quien reconoció los delitos y fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional.

Se completa el listado con: la investigación busca determinar irregularidades en contrataciones a una empresa de Germán Buffa, en donde se investiga la comisión del delito de negociaciones incompatibles entre el empresario, Pedro Báez y Sergio Urribarri, en la cual la fiscalía ya solicitó la remisión a juicio; el Sueño Entrerriano es un juicio que nuclea tres causas contra el exgobernador entre las cuales se encuentran las irregularidades de la Cumbre del Mercosur, una solicitada contra los fondos buitres y la instalación del parador proselitista en Mar del Plata, en una causa en que la defensa está produciendo prueba y acto seguido deberá caminar hacia el juicio: los involucrados son Urribarri, Aguilera, los empresarios Miguel Marizza, Néstor Szczech, Gustavo Javier Tórtul, Hugo Félix Céspedes, la contadora Corina Cargnel, el exministro Hugo Marsó y Gerardo Daniel Caruso; otra causa de negociaciones incompatibles por las contrataciones a Lemon Data y Relevamiento Catastrales, propiedad de Diego Armando Cardona Herreros, empresario paraguayo que está investigado como presunto testaferro del exgobernador en otra de las causas que investiga a Urribarri y su hijo Mauro por enriquecimiento ilícito en la cual se realizaron allanamientos y se están realizando pericias informáticas; y una última, en el fuero Federal, que se investiga sobreprecios en la obra pública tras los dichos del empresario Pietroboni cuando reconoció haber pagado coimas y recuperarlas valuando el costo por encima de los valores reales.

Mauro Urribarri, además del enriquecimiento ilícito de la familia, tiene una investigación en el Juzgado Federal que surgió tras la denuncia periodística de ANALISIS en donde se mostró que el exministro de Gobierno y Juan Pablo Aguilera vendían dólares en el Senado en tiempos de cepo cambiario. La causa no tiene movimientos hace más de un año y la lleva adelante el fiscal Carlos García Escalada.

El diputado Báez, además de las causas en las que se lo juzgará junto al exgobernador, tiene una causa propia que es la de enriquecimiento ilícito y que involucra a Germán Buffa como posible prestanombre.

De la gestión Urribarri también se investiga el fraude con las cosechadoras truchas y el préstamo que otorgó el Estado Provincial al grupo empresario Sennor para montar una fábrica de maquinarias en Concepción del Uruguay. Los funcionarios involucrados son Roberto Schunk y Diego Valiero que están acusados junto a cinco empresarios que integraron el grupo. La causa está en el Juzgado de Transición que lidera Paola Firpo y está paralizada hace un año y medio a la espera de que empresas -algunas de ellas inexistentes- respondan a información a pesar de que gran parte de la prueba ya se generó e incluso se tomó declaración indagatoria a los imputados.

Varisco y sus tres frentes judiciales

Sobre el presidente municipal de Paraná recaen tres causas, dos del fuero provincial y una del fuero Federal. La causa por presunta comisión del delito de Peculado en el envío de dinero municipal a la Mutual Modelo y en la cual junto a Varisco se investiga al secretario Legal y Técnica -y candidato a concejal- Walter Rolandelli y el titular de la mutual Emilio Picazzo. Una segunda causa tramita en los tribunales provinciales que es la de hurto de energía, tras haberse detectado que Varisco y su pareja la concejala Claudia Acevedo vivían colgados de la luz en su domicilio desde agosto del 2017. La primera está por cumplir el plazo de prórroga de seis meses que se estableció en diciembre por el estado de salud del intendente, mientras que la segunda está a punto de ser elevada a juicio.

La tercera causa contra el intendente es la conocida narcomunicipio que será juzgada junto a la de la narcoavioneta e investiga los vínculos entre el oficialismo municipal y la banda de Daniel «Tavi» Celis. El Tribunal Oral Federal está a la espera de recibir la totalidad de la prueba para luego fijar fecha para el megajuicio que sentará a Varisco, el concejal Pablo Hernández y Griselda Bordeira junto a una importante banda de narcotraficantes.

Campaña de Cambiemos bajo la lupa

El responsable financiero de la campaña 2015 de Cambiemos y actual titular de la Anses, Enrique Susevich, deberá justificar para que se utilizaron los 1,6 millones de pesos que fueron destinados para la impresión de boletas. La causa está en la etapa de producción de prueba de la defensa, que asegura poder justificar el gasto. Sin embargo, el problema no es que no se haya justificado el gasto sino que se gastó el dinero en fines distintos para los cuales fueron asignados. Desde fiscalía estiman que la causa puede ser elevada a juicio antes de la feria de mitad de año.

Cartelización de la obra pública

Hay tres causas que investigan posibles sobreprecios en el asfaltado de calles de los municipios de Seguí, Larroque y Santa Elena. Los expedientes tienen como involucrados a Cristian Treppo (actual intendente de Seguí), Raúl Riganti (exintendente de Larroque) y Domingo Daniel Rossi (exintendente y actual postulante a volver a ser presidente municipal de Santa Elena). Las obras realizadas por los empresarios Néstor Alejandro Hereñú y Szczech fuero presupuestadas con un costo superior al millón por cuadra asfaltada. Pero además, en la causa Seguí se pudo comprobar que Szczech le pasaba información respecto a las licitaciones a Hereñú antes de que la misma sea conocida por todos, es decir, una clara evidencia de la cartelización de la obra pública en nuestra provincia.

Pero sobre estos dirigentes recaen más causas: a Treppo se lo investiga por falso testimonio en la causa que condenó al exvicegobernador Héctor Alanís, aunque este expediente encontró una particularidad en la investigación de los contratos truchos (en la cual Treppo está complicado): se hallaron correos electrónicos donde se guionó la declaración que debía hacer Treppo en la causa Alanís, de similares características a la de los contratos; sobre Rossi recae una segunda investigación por enriquecimiento ilícito (ya fue condenado en 2006 por el mismo delito) ya que su pareja Patricia Teresa Díaz (exlegisladora) posee una cuenta bancaria en el Scotiabank de Uruguay en donde hay una importante suma de dinero en dólares.

Más diputados en la mira judicial

Ricardo Troncoso tiene su causa por contratos truchos a través de los cuales el legislador de Cambiemos les retenía gran parte del salario a quienes contrataba. En estos momentos se están desarrollando pericias caligráficas, pero la fiscal Paola Farinó estimó que en un plazo aproximado de un mes será elevada a juicio oral y público.

Respecto al titular de UPCN y diputado provincial José Ángel Allende hay dos causas judiciales: la de enriquecimiento ilícito que lo investiga junto a su familia, causa en la cual se están tasando propiedades y se esperan pericias contables para determinar el patrimonio del legislador; la segunda es por violencia de género contra la ministra de Salud Sonia Velázquez, expediente en el cual Allende se amparó en sus fueros y no pudo ser sometido a la declaración indagatoria.

Extitulares del Instituto del Seguro y Sidecreer

Juan José Canosa fue condenado por negociaciones incompatibles, pero aún está sometido a un proceso por presunto enriquecimiento ilícito. Tras los allanamientos ocurridos el año pasado, la causa está en el análisis de pericias informáticas realizadas sobre computadoras secuestradas. Todavía no se ha logrado determinar la magnitud del patrimonio del extitular de Sidecreer.

Respecto al exgerente del Instituto del Seguro, Martín Fernández, recae sobre él una causa que investiga el mismo delito que a Canosa tras una denuncia de ANALISIS en 2015. Tras la denuncia, Fernández fue primero apartado de la gerencia para luego ser desplazado del IAPSER.

Ricos que deben justificar sus fortunas

Además de las que ya fueron mencionadas en este artículo, hay más dirigentes políticos que están siendo investigados por el delito de enriquecimiento ilícito. El intendente de Santa Elena Silvio Moreyra (sobre quien recae otra causa por Peculado), el senador Aldo Ballestena, el exlegislador Hernán Vitullo y el exintendente de Gualeguay Luis Erro son los que deben justificar su patrimonio.

Más intendentes en la mira

El relevamiento se completó con el resto de las causas judiciales contra Erro, quien sorteó algunos procesos judiciales pero aún debe dar respuestas al Poder Judicial: el Ministerio Público Fiscal (MPF) está dispuesto a llevar a la Corte Suprema de Justicia la controversia sobre la comisión del delito de peculado por haber utilizado el medidor de luz municipal con fines partidarios, la malversación de fondos públicos en el pago de caché a comparsas que participaron del carnaval de Gualeguay, un expediente que investiga la designación a dedo para quien se quedó con el negocio de la espuma en dichos carnavales y una causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de luminarias cuando era intendente.

Sobre Juan Carlos Darrichón, actual diputado provincial y exintendente de Diamante, recae una causa por incumplimiento a los deberes de funcionario público y su secretario de Hacienda Héctor Zapata. Se los acusó de omitir el pago de los aportes jubilatorios de los empleados municipales al organismo previsional.

Rubén Chaparro, exintendente de Los Charrúas, está sometido junto a Julio César Larocca (ya condenado en la causa de Puerto Yeruá) a una causa que investiga la falsificación de documentos públicos que buscaban certificar la realización de obras que no estaban realizadas.

También recae sobre el actual intendente de Concordia y candidato a la reelección, Enrique Cresto. El presidente municipal fue denunciado junto a su candidato a viceintendente Alfredo Francolini por el delito de peculados, en la causa en la que ya están imputados. Los fiscales que tienen a cargo la investigación son Mario Guerrero y Martín Nuñez, ya que fue apartado José Arias, el fiscal que dispuso la imputación.